Profesionales médicos se oponen a las regulaciones del CNSS por considerarlas una amenaza para su práctica profesional.
El Colegio Médico Dominicano y las Sociedades Médicas Especializadas han anunciado su intención de impugnar ante el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) las disposiciones incluidas en la Normativa sobre Infracciones y Sanciones, aprobadas el 15 de febrero de 2024 mediante la resolución 584-03.
Según lo informado por el CNSS, esta normativa, aprobada con el voto en contra del representante del CMD, tiene como objetivo establecer las infracciones y las sanciones aplicables tanto a las Administradoras de Riesgo de Salud (ARS) y el IDOPPRIL, como a los Prestadores de Servicios de Salud (médicos y clínicas) relacionados con el Seguro Familiar de Salud y el de Riesgos Laborales.
El CMD y las sociedades médicas han expresado su preocupación por la distribución de las infracciones y las sanciones, señalando que parece favorecer a las ARS/IDOPRIL, que operan como intermediarias en la Seguridad Social, en lugar de proteger los intereses de los prestadores de servicios de salud.
El CMD ha destacado que esta normativa fue elaborada sin su participación y contiene sanciones que afectan directamente la práctica médica y las actividades de los centros de salud.
El Dr. Waldo Ariel Suero ha señalado que la normativa no distingue adecuadamente entre prestadores institucionales y profesionales médicos, imponiendo sanciones que pueden llegar hasta multas considerables, e incluso sanciones penales, sin clarificar cómo las ARS/IDOPRIL aplicarán estas multas a los prestadores.
Además, Suero ha indicado que esta normativa parece prohibir el derecho de las Sociedades Médicas Especializadas y el CMD a tomar acciones colectivas para mejorar tarifas y honorarios profesionales.
El recurso de reconsideración presentado por el CMD y las Sociedades Especializadas argumenta que estas disposiciones vulneran normas relacionadas con el debido proceso, el derecho a reclamos colectivos, la participación en la toma de decisiones administrativas y el derecho a la salud, tal como se establece en la Constitución.
