El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa han dado su opinión sobre el recién promulgado Decreto 1-24 que regula la publicidad oficial del Gobierno.
Si bien consideran positivo el inicio de la regulación de la publicidad gubernamental, expresan su preocupación por cómo el decreto podría afectar a los medios alternativos, a los periodistas que producen programas en televisión o radio, así como a los portales digitales.
Aurelio Henríquez, presidente del CDP, y José Beato, secretario general del SNTP, han solicitado al presidente Luis Abinader favorecer la equidad y la participación de sus miembros, especialmente los pequeños y medianos productores de programas de televisión o radio y medios digitales. Argumentan que el Reglamento de aplicación debería garantizar la participación de los sectores de la prensa en la toma de decisiones sobre la aplicación del decreto, no limitándose exclusivamente a los grandes medios, que tienen mayores recursos y relaciones para obtener contratos publicitarios.
Ambas organizaciones reconocen la importancia de la transparencia en el manejo de los fondos públicos, pero también destacan el papel fundamental que desempeñan los medios alternativos en el fortalecimiento de la libertad y la democracia en la sociedad. Expresan su preocupación por la disparidad entre los grandes medios y los medios alternativos, ya que estos últimos no cuentan con la misma infraestructura ni la capacidad económica para competir en igualdad de condiciones.
Señalan que los medios alternativos en provincias, como los programas de televisión o radio y los portales digitales, carecen de los mecanismos necesarios para competir con los grandes medios, y consideran necesario un régimen especial para este sector. Enfatizan en que estos medios son fundamentales en cada demarcación y desean un trato equitativo para promover un ambiente de competencia justo.
Asimismo, expresan que es esencial que las instituciones públicas, al aplicar el decreto, consideren el derecho a la información de los ciudadanos, como se establece en la Constitución. Aseguran que el decreto debe buscar no solo evitar la publicidad directa, discrecional y discriminatoria, sino también exigir a los medios de comunicación y periodistas cumplir con los contratos firmados con las instituciones, promoviendo así la transparencia en este ámbito.
El CDP y el SNTP también hacen referencia a varios artículos del decreto, expresando sus inquietudes y señalando que las disposiciones podrían ser difíciles de cumplir para los pequeños productores de programas y medios digitales. Piden precisiones y ajustes en algunos criterios establecidos en el decreto para garantizar una aplicación justa que no perjudique a estos sectores.
